La relación entre la Casa Rosada y los gobernadores volvió a ingresar en una etapa de negociación intensa. Después de varios meses en los que el Gobierno nacional apostó a disciplinar a las provincias mediante el ajuste fiscal y la reducción de transferencias, la administración de Javier Milei necesita ahora reconstruir mayorías parlamentarias y abrir una nueva instancia de diálogo político con los mandatarios.

En ese esquema aparece el intento de avanzar hacia un nuevo consenso fiscal y, al mismo tiempo, asegurar respaldo para el paquete de leyes que el Ejecutivo ya envió al Congreso.

En ese tablero, Corrientes vuelve a quedar frente a una definición acompañar parcialmente la estrategia nacional para no romper canales de negociación con Nación, pero sin abandonar demandas estructurales vinculadas a recursos, energía, obras y compensaciones económicas.

El movimiento político quedó explicitado esta semana con las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó conversaciones con gobernadores para impulsar un nuevo acuerdo fiscal entre Nación, provincias y municipios. El objetivo oficial apunta a reducir tributos considerados parte del denominado "costo argentino", especialmente Ingresos Brutos y tasas municipales.

La propuesta revive parcialmente el espíritu del consenso fiscal firmado durante la gestión de Mauricio Macri en 2017, aunque en un contexto político y económico mucho más complejo. A diferencia de aquella etapa, hoy las provincias llegan con menores márgenes financieros, caída de actividad económica y fuerte dependencia de sus recaudaciones propias.

Allí aparece uno de los puntos más sensibles para Corrientes. La provincia sostiene desde hace años un discurso de presión tributaria moderada y competitividad regional, pero al mismo tiempo necesita sostener ingresos para afrontar salarios, obra pública y servicios básicos en un contexto nacional de retracción económica. El eventual debate sobre Ingresos Brutos impactaría directamente sobre la estructura de financiamiento provincial.

Herramienta política

La discusión, además, no es solamente económica. En la Casa Rosada entienden que el consenso fiscal puede transformarse en una herramienta política para recomponer vínculos con gobernadores dialoguistas y garantizar respaldo legislativo. Por eso el Gobierno comenzó a reactivar contactos con mandatarios provinciales que, aun con diferencias, mantuvieron canales abiertos con Nación.

En ese grupo aparece Corrientes. La administración provincial viene sosteniendo una postura de acompañamiento selectivo hacia el oficialismo nacional. Respaldó iniciativas vinculadas al ordenamiento fiscal y a la estabilización económica, pero al mismo tiempo endureció posiciones en reclamos concretos, especialmente sobre tarifas energéticas, regalías y obras pendientes.

Ese equilibrio podría profundizarse en las próximas semanas. La provincia necesita preservar la relación institucional con la Nación, sobre todo en medio de negociaciones por deudas, infraestructura y cesión de terrenos estratégicos. Pero también debe administrar un escenario interno donde crece la presión de sectores productivos, industriales y municipales preocupados por el impacto del ajuste y la desaceleración económica.

"Estamos hablando con algunos gobernadores ya para hacer esa convocatoria", señaló Caputo al anticipar el nuevo consenso fiscal.

La frase no fue casual. En el Gobierno reconocen que la etapa de confrontación permanente con las provincias tiene límites prácticos cuando se necesita aprobar leyes en el Congreso. Y justamente allí aparece el segundo eje de la estrategia el envío de un nuevo paquete legislativo.

La Casa Rosada confirmó que remitió iniciativas vinculadas a Ludopatía, Ley de Lobby, modificación del Etiquetado Frontal y, especialmente, el denominado Super RIGI, considerado prioritario por el Ejecutivo nacional. Se trata del tercer paquete de reformas desde el inicio de las sesiones ordinarias y vuelve a colocar a los gobernadores como actores centrales del armado político.

El oficialismo sabe que no posee mayorías propias en ninguna de las cámaras y que cada proyecto dependerá nuevamente de negociaciones con mandatarios provinciales y bloques aliados. Por eso la relación fiscal y la parlamentaria comienzan a mezclarse en una misma lógica de negociación.

Para Corrientes, el debate sobre el Super RIGI no es menor. La provincia busca posicionarse desde hace tiempo como receptora de inversiones forestales, energéticas e industriales. Un esquema de beneficios fiscales e incentivos para grandes proyectos podría abrir oportunidades de radicación de capitales, aunque también genera interrogantes sobre el alcance real de esos beneficios para economías regionales del Norte Grande.

Allí se abre otra tensión política: cuánto puede obtener la provincia acompañando la agenda legislativa nacional y cuánto corre el riesgo de resignar capacidad de presión sobre reclamos históricos. En el oficialismo correntino entienden que el vínculo con Nación debe administrarse con pragmatismo, evitando tanto la confrontación total como el alineamiento automático.

El escenario también tiene una dimensión electoral. El Gobierno nacional busca consolidar acuerdos con gobernadores considerados moderados para ampliar sustentación política en el interior. Las provincias, en cambio, intentan aprovechar la necesidad parlamentaria de la Casa Rosada.

En ese contexto, Corrientes aparece como una de las jurisdicciones que probablemente sostenga una estrategia acompañar proyectos vinculados a inversiones, desregulación y estabilidad fiscal, pero manteniendo reclamos firmes en materia energética, infraestructura y coparticipación indirecta.