Estados Unidos habilitará a empresas privadas previamente seleccionadas a participar en operaciones cibernéticas ofensivas contra organizaciones criminales extranjeras.

La decisión surge de un memorando presidencial firmado por el presidente Donald Trump, en el cual presentó un programa de respuesta a redes de ciberdelincuentes radicadas fuera de su país que realizan ataques de ransomware, campañas de phishing, fraudes financieros, extorsión sexual y estafas de suplantación contra ciudadanos y organizaciones estadounidenses.

El alcance económico de estos delitos ayuda a explicar la decisión. El centro de denuncias del FBI recibió más de un millón de reportes por presuntos delitos informáticos durante 2025 y registró pérdidas informadas por casi 21.000 millones de dólares.

La medida, que modifica la frontera tradicional que mantenía la defensa digital privada dentro de las redes propias y reservaba las acciones ofensivas al gobierno, no autoriza a cualquier compañía a responder por su cuenta cuando sufra un ataque.

El memorando, en cambio, anuncia que se creará un grupo de proveedores contratados que actuará por encargo del gobierno federal, con objetivos definidos y una aprobación escrita antes de cada intervención.

Qué podrán hacer las empresas durante los ciberataques

El documento de la Casa Blanca contempla dos clases de intervenciones. Las operaciones de vigilancia permitirán ingresar sin permiso en los sistemas de una organización investigada y permanecer ocultos para obtener información de inteligencia. Ese material podrá servir para preparar una acción posterior.

El documento de la Casa Blanca contempla dos clases de intervenciones. Las operaciones de vigilancia permitirán ingresar sin permiso en los sistemas de una organización investigada y permanecer ocultos para obtener información de inteligencia. Ese material podrá servir para preparar una acción posterior.

Las llamadas operaciones de efectos tendrán un alcance mayor: podrán manipular, interrumpir, bloquear, degradar o destruir datos, redes e infraestructura controlada mediante sistemas informáticos. En términos concretos, una empresa contratada podría inutilizar servidores empleados para una estafa, interrumpir una plataforma delictiva o borrar información utilizada por una banda.

Los blancos deberán ser organizaciones criminales extranjeras que cometan delitos informáticos contra el gobierno, personas o intereses de Estados Unidos. La definición excluye a los grupos que formen parte de otro Estado o se encuentren completamente dirigidos por un gobierno extranjero cuando exista inteligencia clara que demuestre ese vínculo.

Esa distinción puede resultar compleja en las redes que combinan actividad criminal con apoyo estatal. El memorando incluye un anexo clasificado sobre la selección de objetivos, por lo que una parte de los criterios operativos permanecerá fuera del alcance público.