En Argentina, muchas personas con ingresos estables, capacidad real de pago y un proyecto claro de construcción patrimonial son rechazadas sistemáticamente por el sistema financiero cuando buscan acceder a un crédito hipotecario. No porque no puedan pagarlo, sino porque los requisitos son tan rígidos, tan ajenos a la realidad económica y laboral del país que terminan expulsando a quienes justamente más necesitan una herramienta de financiamiento de largo plazo para asegurar su futuro.
La vivienda propia siempre fue en nuestro país un pilar de la planificación patrimonial y también una forma concreta de capitalización previsional no solo porque representa estabilidad y seguridad, también porque en un sistema de jubilaciones mínimas e ingresos deteriorados llegar a la vejez sin la carga del alquiler es prácticamente la única forma de garantizar un nivel de vida digno. Sin embargo, hoy ese camino está bloqueado para la mayoría de los trabajadores.
Los bancos exigen ingresos formales elevados, una antigüedad laboral rígida, una proporción cuota-ingreso desconectada de los salarios reales, un scoring financiero casi imposible de cumplir y, como agravante, créditos que rara vez cubren más del 50% del valor real del inmueble. En un mercado donde los precios suben en dólares y los ingresos siguen en pesos, la distancia entre la necesidad y la posibilidad se convierte en un muro infranqueable.
Detrás de ese rechazo silencioso hay historias concretas. Padres que alquilan hace 20 años y podrían pagar una cuota igual o menor a su alquiler actual. Profesionales independientes que tienen ingresos suficientes, pero que no se consideran "estables" a criterio bancario. Monotributistas que trabajan hace 15 años, pero cuya categoría no refleja su verdadera capacidad económica. Personas que hacen un enorme esfuerzo por sostener su vida laboral y familiar, pero reciben siempre la misma respuesta: "No cumple los requisitos".
Esta exclusión financiera tiene un impacto directo en la planificación de la jubilación. Cuando una persona no puede acceder al crédito, no puede construir patrimonio. Y cuando no puede construir patrimonio, queda completamente expuesta al deterioro del haber previsional. Vivir de una jubilación mínima es difícil; vivir de una jubilación mínima pagando alquiler es, directamente inviable. El Estado lo sabe, pero no actúa. Los bancos lo saben, pero no ajustan sus criterios. El ciudadano lo padece en silencio.
La falta de crédito hipotecario no es un problema aislado, es una falla estructural que compromete el futuro previsional de toda una generación. Sin crédito, no hay ahorro de largo plazo; sin ahorro de largo plazo, no hay base sólida para la vejez; sin esa base, miles de futuros jubilados quedarán atrapados en un círculo de vulnerabilidad permanente. Y ese círculo, además, tiene consecuencias sociales profundas, más dependencia estatal, menos movilidad social, menos estabilidad comunitaria y menos incentivo para la formalización laboral.
Frente a este panorama, la planificación patrimonial y previsional se vuelve una tarea urgente. Pero también se vuelve incompleta, no alcanza con aconsejar "ahorro", porque ningún ahorro aislado puede competir con el precio de un inmueble. Tampoco alcanza con sugerir opciones financieras que exigen un capital inicial que la mayoría no tiene. La respuesta requiere un sistema de crédito accesible, moderno y adaptado a la realidad económica del país. Requiere decisiones políticas que integren políticas de vivienda con políticas previsionales. Requiere entender que la vivienda no es un lujo, es un componente central de la sostenibilidad de la vejez.
En muchos países el crédito hipotecario funciona como herramienta previsional, permite que las personas se capitalicen durante su vida laboral y lleguen a la jubilación con un patrimonio que les garantice estabilidad. En Argentina, en cambio, la ausencia de crédito genera una brecha previsional que se agrava año tras año. No se trata solo de cuántos años de aportes se tienen, sino de cuánto patrimonio se pudo construir mientras el trabajador era joven y productivo.
Hoy, quienes son rechazados por el sistema financiero están siendo rechazados también por un modelo que no les permite proyectar su futuro. Y ahí aparece la pregunta central: ¿cómo puede una persona sostener 30 años de jubilación si no tiene activos, no tiene crédito y no tiene un haber que cubra siquiera sus gastos básicos?
Planificar es necesario, pero sin herramientas efectivas se vuelve un ejercicio teórico. Por eso es urgente una reforma integral que incluya criterios de evaluación crediticia más razonables, líneas de financiamiento que cubran una proporción realista del valor del inmueble, incentivos para la formalización y un marco previsional que reconozca la importancia del patrimonio como complemento del haber jubilatorio.
El sistema financiero y el Estado deben entender que cada crédito rechazado hoy es un futuro jubilado vulnerable mañana. Y que, detrás de cada crédito denegado, hay una familia que pierde su oportunidad de crecer, estabilizarse y proyectarse con dignidad.
Mientras tanto, quienes pueden, deben planificar del mejor modo posible, diversificando ahorros, buscando instrumentos alternativos y construyendo protección patrimonial con las herramientas disponibles. Pero es justo reconocer que, sin un sistema hipotecario sólido, cualquier planificación queda limitada y la vejez desprotegida.
El desafío está planteado. Decidir si seguiremos construyendo adultos mayores sin patrimonio o si el país se animará, alguna vez, a diseñar un sistema financiero que deje de rechazar a quienes sí pueden, sí quieren y sí están preparados para invertir en su futuro.
(*) Abogada - Egresada de la UNNE. Especialista en derecho provisional. Planificación patrimonial y sucesoria.
Corrientes Capital - Argentina
