La iniciativa se aprobó con 149 votos positivos y 100 negativos. Un sector de Unión por la Patria y los bloques de izquierda votaron en contra de la iniciativa, a la que calificaron de "punitivista".

 
Tras la aprobación en general se registró un áspero debate por los capítulos de la ley en particular, dado que bloques aliados del oficialismo, con diputados como Miguel Pichetto, manifestaron sus dudas respecto del financiamiento de la iniciativa. Incluso, plantearon que podrían cambiar su voto de afirmativo a abstención.

  
Pero el oficialismo rechazó la posibilidad de cambiar el texto. Lo hizo a través de la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, miembro informante del proyecto. "No se puede volver marcha atrás por una cuestión de pesos", sostuvo la legisladora afín a Patricia Bullrich. La votación en particular volvió a ser favorable al oficialismo.

 
Acto seguido, la Cámara de Diputados tiene previsto ratificar el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmado el 17 de enero pasado. Si se avanza con la media sanción, ambos proyectos deberán atravesar el filtro del Senado antes de convertirse en ley.

El debate sobre el régimen penal juvenil fue seguido de cerca por Romina Monzón, la madre de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado a puñaladas por tres menores en Santa Fe. Este episodio motivó la decisión del Poder Ejecutivo de incluir el tratamiento de esta iniciativa -demorado hace casi un año- en el temario de sesiones extraordinarias.

El oficialismo reunió el respaldo de sus aliados habituales −Pro, la UCR y el MID− y sumó apoyos parciales de Provincias Unidas, Innovación Federal y los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo. Con estos apoyos, el bloque libertario alcanzó una mayoría holgada para avanzar tanto con la reforma penal como con el tratado comercial.

  
El movimiento más significativo se observó dentro de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo a la reforma penal juvenil, el Frente Renovador −que responde a Sergio Massa− optó por diferenciarse al coincidir con el oficialismo en fijar en 14 años el piso de imputabilidad, pero insistió en que el cambio debería encararse mediante una reforma integral del Código Penal y no a través de un régimen especial. Por eso advirtió que, si la ley es sancionada, podría ser judicializada.

Detalles del proyecto
La iniciativa, además de fijar en 14 años la edad mínima de punibilidad, establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.

Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.

El proyecto dispone que el nuevo régimen entre en vigencia seis meses después de reglamentarse. Será el plazo que tendrían el sistema penitenciario federal y de las provincias para ajustar las instalaciones carcelarias.

Además, la iniciativa prevé una primera asignación presupuestaria de $23.000 millones. Los detractores del proyecto aseveran que la suma es insuficiente y no llegará a las provincias.

El debate arrancó con la exposición de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA), quien negó, como afirma el kirchnerismo, que esta iniciativa busque "criminalizar a los pibes".

"Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión. Estamos dando garantías del debido proceso", afirmó la legisladora, quien insistió en que los menores que sean detenidos por la comisión de un delito no serán alojados en los mismos centros de adultos. A tal efecto hizo las aclaraciones correspondientes en el texto.

  
Los bloques aliados al oficialismo aplaudieron la iniciativa. "Celebro que el Gobierno haya puesto este tema sobre el tapete -enfatizó Cristian Ritondo (Pro)-. Bloquear este debate y no responsabilizar a un menor que tiene conciencia que comete un delito no es un acto de humanidad sino un acto de abandono, el más cruel que puede cometer el Estado, el de abandonar un chico 14 o 15 años que comienza la vida en la delincuencia".

"Me alegra que la política salga de su confort poniendo los pies sobre la tierra legislando sobre la cruda realidad que vive la sociedad, desarmando décadas de doctrina garantista", acotó Pamela Verasay (UCR).

Desde Unión por la Patria, Germán Martínez, expuso los motivos del rechazo de un sector de su bancada. A su juicio, el proyecto "no plantea una acción en el terreno educativo, de la inclusión ni del abordaje a través de los clubes".

También cuestionó la redacción presupuestaria: "Es escasa y tramposa. Está más cerca de plantear una acción de cooperación provincia por provincia que de garantizar financiamiento. Hay cero pesos para la prevención y para el abordaje de los delitos no punibles". Y concluyó que el presupuesto previsto es "deficiente".

  
Desde el bloque libertario, el diputado Álvaro Martínez respondió las críticas del kirchnerismo. "El sistema actual rige desde 1980, desde la dictadura. Tuvieron la oportunidad para cambiar esta ley y establecer un régimen penal juvenil. No tuvieron el coraje. Hoy estamos dando un paso donde la ley se cumple. Cuando hay justicia, el que las hace las paga", enfatizó.

Por su parte, el diputado Ramiro Gutiérrez (UP), el renovador que impulsó una propuesta alternativa a la de su bancada, planteó que la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años debería instrumentarse con una modificación del artículo 34 del Código Penal.

"Solo así esta ley tendrá destino. Si no, será judicializada", advirtió.

La bancada de Provincias Unidas también mostró fisuras. El santafesino Pablo Farías objetó la propuesta oficial por no ser precisa al definir la forma de financiar la ampliación de los penales para alojar, en módulos separados de los adultos, a los nuevos reclusos juveniles.